El Ayuntamiento muestra su rechazo a la amnistía y manifiesta su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho

El alcalde muestra su preocupación por las consecuencias económicas, sociales y políticas del pacto entre el gobierno de España y los independentistas

El Salón de Plenos acogió anoche una sesión que, convocada con carácter urgente y extraordinario, abordó un único punto en el orden del día: “Por la defensa de la Constitución, el Estado de Derecho y la condena de la amnistía” y que defendió el propio alcalde, Marino Aguilera, “ante la gravedad de acontecimientos que están sucediendo en Madrid y las consecuencias derivadas para la sociedad española, tanto a nivel social como político, dado que se va a socavar el principio de solidaridad interterritorial del que depende la financiación de nuestra comunidad autónoma y la prestación de servicios”.

El alcalde, remarcó que “el acuerdo entre PSOE y Junts supone un grave ataque a la Constitución, al Estado de Derecho y también al Estado de las Autonomías. Es perjudicial para todos los españoles, ya que viola el principio de igualdad, hace imposible la solidaridad interterritorial, pone en riesgo el futuro de España como empresa común y acaba con su prestigio y proyección internacional, constituyendo una auténtica ruptura con el marco constitucional en el que hemos vivido los españoles desde 1978 y que nos ha proporcionado las mayores cotas de prosperidad de nuestra historia reciente”.

Una postura en la que estuvieron de acuerdo PP y VoX frente al voto en contra de PSOE e IU-Alcalá Suma, quienes defendieron la constitucionalidad de la amnistía y la justificaron como necesaria para resolver el conflicto catalán. Los concejales populares y el socialista Javier Frías anunciaron que no cobrarán la asignación de este pleno, mientras que el representante de la coalición de izquierdas lo donará a causas de ayuda humanitaria al pueblo palestino.  

Además de la repulsa a cualquier tipo de amnistía, la moción aprobada anoche sirve de adhesión a las denuncias manifestadas estos días por las asociaciones de la judicatura, jueces decanos, presidentes de las Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial “que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes”, según cita el texto, que también fija la posición municipal en contra a la referencia al “lawfare o judicialización de la política, que niega que España sea un Estado de Derecho”.